por Andrea Sanhueza, Corporación PARTICIPA
Para abordar el tema de la participación ciudadana en la gestión pública debemos preguntarnos por la forma como se verifica o materializa la relación entre la sociedad civil y el Estado y ello nos lleva a los conceptos de ciudadanía y participación.
La idea de ciudadanía se ha fundado en la afirmación de que todos los individuos son libres e iguales por nacimiento, relacionando el concepto a un status legal que establece los derechos del individuo frente al Estado. De este modo, el concepto tradicional de ciudadanía reconoce derechos individuales, tales como derechos políticos, libertad de pensamiento, etc. Por tanto, la ciudadanía importa una calidad jurídica y política especial que nos acredita a las personas como miembros activos del Estado.
Sin embargo, este concepto tradicional de ciudadanía está en crisis. Hoy advertimos que existen reinvindicaciones en pro de derechos colectivos a partir de nuevas identidades como son el género, la edad, la migración o las etnias, entre otros. Así, podemos ver demandas de derechos de diferentes grupos que presionan al Estado para que las políticas públicas incorporen sus identidades o demandas particulares. A partir de lo anterior, podemos señalar que el ciudadano ya no es el receptor pasivo de derechos que goza de la protección de la ley sino que se identifica con la interacción con el Estado, con el mercado y con los poderes públicos. La ciudadanía constituye, entonces, un principio articulador que afecta a las diferentes posiciones del sujeto en su rol de agente social al tiempo que permite el respeto de la libertad individual.
Por otra parte, el Estado Nación ha perdido su exclusividad como referente. Considerando el proceso de globalización, que trae cambios jurídicos y culturales, además de los económicos, podemos señalar que el Estado es muy pequeño para asumir los desafíos globales pero también muy grande para responder a las demandas cada vez más diferenciadas y cotidianas de las personas. Esto también supone una relación más activa entre Estado y ciudadanía lo cual ha ido cambiando los ámbitos de participación de los ciudadanos. Desde aquí, advertimos que lo público no es sólo lo estatal, sino por el contrario, lo público nos pertenece a todos.
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